Asamblea remite 95 expedientes de alcaldes y prefectos a organismos de control
La Asamblea Nacional aprobó el martes 27 de octubre un informe de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos del Ecuador, que contempla la remisión de 95 expedientes a organismos de control para las verificaciones correspondientes.
La resolución obtuvo 83 votos afirmativos. Según los resultados presentados por la Comisión de Gobiernos Autónomos, 41 expedientes fueron clasificados en alerta roja, mientras que otros 54 quedaron en alerta naranja, categorías que requieren atención prioritaria por posibles inconsistencias entre el patrimonio y los ingresos declarados.
El análisis se realizó mediante el cruce de información proporcionada por 46 entidades públicas. Entre los elementos identificados constan variaciones patrimoniales que requieren explicación, investigaciones en curso y posibles incumplimientos tributarios.
¿Qué instituciones revisarán los casos?El informe recomienda remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado para que evalúe las acciones investigativas que correspondan; a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para el análisis financiero y rastreo de activos; y a la Contraloría General del Estado, para que considere exámenes especiales.
También se plantean verificaciones patrimoniales por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y revisiones relacionadas con posibles casos de nepotismo.
Las instituciones deberán informar a la Asamblea, en un plazo de 15 días, sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos correspondientes.
Los nombres permanecerán bajo reservaLa Asamblea decidió mantener bajo reserva la identidad de las autoridades incluidas en los expedientes, que serán remitidos mediante códigos a las instituciones competentes.
La aprobación del informe generó diferencias políticas. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados respaldaron la resolución, mientras que legisladores de Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano se opusieron.
La clasificación de los expedientes constituye un sistema de alertas y no demuestra, por sí sola, la comisión de un delito ni establece responsabilidades penales. Corresponderá a las instituciones competentes determinar si existen elementos para iniciar o profundizar las investigaciones.
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador
